Un canal de denuncias sin supervisión profesional puede ser un riesgo para la empresa

La Ley 2/2023, de 20 de febrero de protección del informante obliga a las empresas de 50 o más trabajadores y a determinadas entidades públicas y privadas a disponer de un sistema interno de información como mecanismo de  fortalecimiento de la cultura de la información y prevención  de posibles infracciones  en el ámbito empresarial y/o funcionamiento de las Administraciones Públicas.

La implantación correcta de este sistema de información, conocido como canal denuncias  o también últimamente  como canal ético, debe garantizar la total   confidencialidad del informante  y  su  protección frente a represalias  además de la correcta gestión de las comunicaciones internas.

Durante el último año, miles de pymes españolas han implantado canales de denuncias internas con el objetivo de adaptarse a  esta normativa. Sin embargo, muchas de ellas han limitado el cumplimiento a la instalación técnica de una plataforma, sin establecer un protocolo claro para la recepción, análisis y resolución de las comunicaciones.

El problema surge cuando la empresa recibe su primera comunicación y no dispone de criterios jurídicos ni procedimientos definidos para determinar si se trata de una denuncia por acoso, una irregularidad laboral o una simple queja.
En estos casos, el llamado “cumplimiento exprés” se convierte en un riesgo legal y reputacional, ya que una gestión inadecuada puede derivar en conflictos internos, pérdida de confianza o incluso sanciones por parte de la autoridad competente.

Aunque la ley no exige expresamente que un abogado gestione el canal, los expertos coinciden en que su supervisión por parte de un profesional jurídico es recomendable.
Contar con asesoramiento especializado permite:

• Garantizar la correcta interpretación jurídica de las denuncias recibidas.
• Aplicar protocolos adecuados de investigación y respuesta.
• Evitar filtraciones o vulneraciones de confidencialidad.
• Reducir el riesgo de represalias o sanciones.

De este modo, el canal deja de ser un simple requisito formal para convertirse en una herramienta de prevención y mejora del cumplimiento normativo dentro de la organización.

Es esencial que los responsables del canal dispongan de independencia, confidencialidad y respaldo técnico para garantizar que cada comunicación se gestiona de manera profesional y justa.

Disponer de un canal de denuncias es hoy una obligación legal para muchas empresas, pero gestionar adecuadamente ese canal es una responsabilidad que requiere rigor y experiencia.
Sin una correcta tutela profesional, el canal puede convertirse en una fuente de conflictos, sanciones y pérdida de reputación, en lugar de una herramienta de transparencia y confianza corporativa.