Nuevo procedimiento para anticipar la jubilación en actividades de riesgo: ¿qué cambia y a quién afecta?

El pasado 10 de junio de 2025 se aprobó el Real Decreto 402/2025, que establece el procedimiento oficial para anticipar la edad de jubilación en función de la actividad desempeñada. Este nuevo marco normativo permite que determinados colectivos puedan acceder antes a la jubilación si se acredita que sus condiciones laborales implican penosidad, peligrosidad, toxicidad o insalubridad.

Esta medida, que se aplica tanto al sector público como al privado, no constituye un derecho automático, sino que requiere la puesta en marcha de un procedimiento específico promovido por las empresas o administraciones empleadoras.

¿A quién afecta este procedimiento y cómo se puede solicitar?

Hasta ahora, solo algunos colectivos tenían reconocido el acceso anticipado a la jubilación mediante coeficientes reductores, como los trabajadores del mar, mineros y mineras, bomberos, mossos d’esquadra y policías locales, entre otros. Con el Real Decreto 402/2025, este derecho se amplía para que otros sectores con condiciones laborales especialmente duras puedan acogerse a él, siempre que se acredite la penosidad, toxicidad, peligrosidad o insalubridad de la actividad y se inicie el procedimiento correspondiente.

Por tanto, este nuevo procedimiento puede afectar a cualquier colectivo profesional que desarrolle una actividad con condiciones laborales especialmente exigentes, pero solo si se cumplen determinados requisitos y si la entidad empleadora inicia el trámite correspondiente. El texto no define una lista cerrada de profesiones afectadas, pero se abre a sectores como los servicios de emergencia, sanitarios, industriales, educativos o logísticos, siempre que se justifiquen las condiciones requeridas.

Para que un colectivo pueda acceder a la jubilación anticipada, es necesario que su empresa o administración pública presente una solicitud previa al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, acompañada de un informe técnico y una memoria justificativa. Estos documentos deben acreditar las características de la actividad y su impacto sobre la salud y el bienestar del personal.

Solo una vez aprobado este reconocimiento podrá aplicarse un coeficiente reductor de la edad de jubilación para el personal afectado.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a este procedimiento?

El Real Decreto establece diversos requisitos que deben cumplirse para iniciar este trámite. A continuación, se detallan los principales:

• La iniciativa del procedimiento debe partir de la entidad empleadora (empresa privada o administración pública), no del trabajador a título individual.
• La actividad debe implicar condiciones comprobables de penosidad, toxicidad, peligrosidad o insalubridad que puedan afectar a la salud de manera generalizada dentro del colectivo.
• Es necesario presentar una memoria justificativa y un informe técnico independiente, elaborados por entidades especializadas.
• La actividad debe haberse ejercido durante un período mínimo de tiempo, y de forma continuada, por parte de las personas afectadas.
• Una vez evaluada y aprobada la solicitud por parte del Ministerio, se podrá determinar un coeficiente reductor aplicable a la edad ordinaria de jubilación, proporcional a los años trabajados bajo dichas condiciones.

Estas condiciones hacen que la anticipación de la jubilación no sea una medida generalizada, sino restringida a colectivos específicos previamente reconocidos mediante este procedimiento.

¿Qué es el coeficiente reductor y cómo afecta a la pensión?

El coeficiente reductor es un mecanismo que permite reducir la edad ordinaria de jubilación para colectivos que desempeñan actividades laborales especialmente duras o con riesgo para la salud. Este coeficiente se aplica en función del número de años trabajados en dichas condiciones y establece una anticipación proporcional a ese periodo.

A diferencia de otras modalidades de jubilación anticipada, la aplicación de este coeficiente no implica una penalización económica sobre la pensión. Es decir, la persona puede acceder a la pensión antes de la edad ordinaria manteniendo el cálculo íntegro de la prestación según los años cotizados. Esto solo es posible si el colectivo ha sido reconocido formalmente y se cumplen todos los requisitos del procedimiento.

Este mecanismo tiene como objetivo corregir desequilibrios y proteger la salud laboral en sectores especialmente exigentes, y refuerza el principio de justicia social dentro del sistema público de pensiones.

¿Tienes dudas sobre cómo aplicar este nuevo procedimiento?

Desde el Departamento Laboral de CINC Asesoría, estamos al día de todas las novedades normativas que pueden afectar a la gestión de personas en empresas y administraciones.

Si tienes dudas sobre si este nuevo mecanismo puede aplicarse en tu organización o deseas iniciar el procedimiento, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Podemos ofrecerte un análisis personalizado y acompañarte en cada paso para garantizar el cumplimiento normativo y los derechos de tu equipo.